Así fue revelado por funcionarios de la Casa Blanca, según comentó el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, quien añadió que el gobierno norteño habría actuado a espaldas del expresidente Iván Duque (2018-2022).
El suceso fue calificado de grave por el actual jefe de Estado, Gustavo Petro, quien después de que Estados Unidos asegurara estar involucrado, consideró que la soberanía de Colombia había sido lacerada.
“No es lo mismo ciberdefensa que espionaje. Y en eso tenemos que trazar una frontera. No es lo mismo tener un software para cazar mafiosos que hacerlo sin orden judicial. A menos que la Constitución del 91 no sirva para nada”, plateó el gobernante. Señaló que el uso de dicho programa atenta contra la autodeterminación, el respeto a la legalidad y a la autonomía de las instituciones colombianas, y aseguró que se avecinan discusiones intensas y complejas sobre el tema, cuyo enfoque será la defensa del pueblo.
El pasado 4 de septiembre, el presidente Petro denunció la compra de Pegasus a la compañía israelí NSO Group Technologies Limited.
Reveló que esto ocurrió entre los meses de junio y septiembre de 2021, cuando el país atravesaba por un estallido social, y poco tiempo antes de que se realizaran en octubre las campañas tanto para el Congreso como para consultas presidenciales.
Asimismo, detalló que el pago se hizo en dos partes y en efectivo.
El primero de ellos, de cinco millones 500 mil dólares, fue llevado por vía aérea de Bogotá a Israel el 27 de junio de 2021 y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio de 2021, y el segundo, de la misma cuantía del anterior, efectuado el 22 de septiembre.
Posteriormente, mostró evidencias relacionadas con documentos que prueban el ingreso y la salida irregular de cuatro ciudadanos israelíes a la nación sudamericana en dos vuelos, con destino a Tel Aviv, y cuyos viajes estarían asociados a la transacción de Pegasus.
El más reciente avance en el caso es la admisión de Estados Unidos de que pagó por la adquisición del software para presuntamente mantener vigilados a los narcotraficantes.
Según la información que se le proporcionó al embajador de Colombia en Washington, el programa nunca se entregó a las autoridades colombianas, y el papel de estas estaba limitado a proporcionar datos de a quienes consideraban debían ser interceptados.
Explicó el diplomático que, en su reunión con los funcionarios estadounidenses, “fuimos vehementes en exigir la total transparencia y la publicación de la información que se pudo haber recogido en los 15 o en los 18 meses en los que estuvo operativo el software”.
García-Peña comentó que en tono al asunto persisten aún muchas interrogantes.
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