Este sábado trascendió que el Ministerio de Trabajo decidió suspender durante 150 días, sin sueldo, a Abad por «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales» al demorar su traslado de Israel, donde es embajadora, a Türkiye, por decisión de la cancillería.
Ese fallo generó una ola de reacciones, en su mayoría críticas porque muchos consideran que viola el orden constitucional y por las implicaciones que eso puede tener para el venidero proceso electoral de 2025.
Está abierto un debate legal y político sobre la sanción a la vicepresidenta, pues con 150 días de suspensión la dejan fuera de sus funciones justamente cuando el actual mandatario, Daniel Noboa, debe pedir licencia para hacer campaña para la reelección y Abad debería reemplazarlo.
La candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, expresó que la acción del Ministerio de Trabajo «es un ataque directo al orden constitucional» y que solo la Asamblea Nacional (Parlamento) está facultada para destituir una autoridad electa.
«Estamos viendo cómo el poder es usado sin escrúpulos para neutralizar opositores. ¿Qué más evidencia necesitamos para ver el quiebre del Estado de Derecho? ¡No más abusos de poder!», aseveró González en su cuenta de X.
El también aspirante a la jefatura del Ejecutivo por el movimiento Construye, Henry Cucalón, consideró ilegal esta acción, mientras que el postulante por Centro Democrático, Jimmy Jairala, expresó con evidente sarcasmo que “se han extraviado hace pocas horas la seguridad jurídica y el Estado de Derecho».
“Sin precedentes… Sin seguridad jurídica… Sin sentido común…”, así catalogó lo ocurrido el jurista Esteban Ron.
La abogada Lolo Miño sostuvo que la única forma de suspender o sancionar a una vicepresidenta es por juicio político en la Asamblea.
Para Miño, esto es antidemocrático y peligroso para el Estado de Derecho, ya que una ministra al parecer puede anular los efectos del voto popular y constituye un precedente nefasto para la democracia.
La académica Caroline Ávila, por su parte, comentó que con esa sentencia Noboa “halló la forma de seguir sus caprichos a costa de la participación política de la mujer”.
Las desavenencias entre los dos principales jefes del Ejecutivo ecuatoriano se evidenciaron desde la elección del binomio y luego, el 8 de diciembre de 2023 y a pocos días de asumir el cargo, Noboa envió a Abad a Tel Aviv como embajadora y colaboradora para la paz.
La víspera se instaló en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una audiencia para tratar una denuncia de la vicepresidenta por violencia política de género contra Noboa; la canciller, Gabriela Sommerfeld; el exviceministro de Gobierno, Esteban Torres; y la asesora presidencial Diana Jácome.
Damián Armijos, integrante del equipo legal de Abad, detalló en la diligencia las causas que sustentan la acusación, entre ellas el exilio forzoso a Israel, pues la vicepresidenta fue enviada a Tel Aviv como embajadora o corría el riesgo de perder el cargo.
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