La información, que sacaron a luz las abogadas Priscila Schettini y Angélica Porras y que amplió el medio digital La Posta, procede -según aseguran- del teléfono móvil de Villavicencio, asesinado al salir de un mitin de campaña en Quito el 9 de agosto de 2023.
Entre los tantos archivos presentados, que involucran a decenas de figuras de la política nacional, jueces y periodistas, están presuntas conversaciones con la fiscal general, Diana Salazar, quien aparentemente enviaba al político asesinado documentos confidenciales.
Además, los diálogos demostrarían el uso del cargo con fines políticos, tráfico de influencias y cómo armaron casos.
Aunque muchos de los mencionados corroboraron la veracidad de lo expuesto, la Fiscalía General del Estado señaló que la información es falsa y que el celular de Villavicencio está bajo custodia del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en Estados Unidos.
Por otro lado, la crisis energética continúa en Ecuador sin que el gobierno de Daniel Noboa logre solventarla.
La ministra encargada de ese sector, Inés Manzano, anunció que desde el 10 hasta el 14 de noviembre los cortes de electricidad subirán de las seis horas actuales a ocho horas por día como consecuencia del descenso de las reservas de agua para las hidroeléctricas.
En cuanto al proceso con vistas a las elecciones de 2025, el candidato a la presidencia por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Pedro Granja, anunció amenazas contra su vida, por lo cual no realizará campaña de forma presencial, sino a través de las redes sociales, debido a la inseguridad.
Esta semana se instaló en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una audiencia para tratar la denuncia de la vicepresidenta, Verónica Abad, contra Noboa y otros funcionarios acusados de violencia política de género.
Según Abad, que fue enviada a Israel como embajadora y actualmente está en Türkiye, el acoso busca forzarla a dimitir para que el mandatario no tenga que delegar el cargo en ella para hacer campaña en 2025 con vistas a la reelección.
A su vez Abad enfrenta un proceso sumario administrativo en el Ministerio del Trabajo y fue condenada por al jueza del TCE Ivonne Coloma a pagar ocho mil 500 dólares por realizar campaña electoral anticipada en las seccionales de febrero de 2023, cuando aspiró a la alcaldía de Cuenca.
En los últimos días el presidente Noboa envió a la Corte Constitucional un pedido de reforma de la Carta Magna para retirar a los reclusos de los grupos de atención prioritaria y remitió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley económicas urgentes.
Una de las medidas busca disminuir el impacto de la crisis energética y la otra está destinada a frenar el lavado de activos, aunque la segunda provocó polémica, ya que pretendía crear un nuevo impuesto a la propiedad de vehículos de transporte terrestre.
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