Las quejas consideran injustificado que el Gobierno decrete que las clases en las escuelas y universidades y el trabajo en el aparato estatal, deberán desarrollarse esde el lunes en forma remota, por teleconferencia.
Hasta ese día, solo estaba prevista la suspensión de clases y otras actividades durante la llamada reunión de líderes (en su mayoría gobernantes o sus representantes) de APEC, del 14 al 16 de noviembre, días declarados feriados con anticipación.
Sin embargo el virtual cierre de escuelas y centros estatales de trabajo y la obligación de mantener las clases y labores a distancia fue anunciado el viernes último, sorpresivamente, también del 11 al 13 de noviembre.
Los exministros de Educación Marilú Martens y Daniel Alfaro cuestionaron la medida por afectar la formación del alumnado en las escuelas, mientras el colectivo de padres “Volvamos a clases” hizo un plantón de protesta ante el Ministerio de Educación.
Mientras el ministro de Educación, Morgan Quero, declaró que todas las familias tienen formas de acceso a Internet, Martens indicó que ese organismo cuenta con la estadística que demuestra que “una parte significativa de los estudiantes no tiene las herramientas necesarias para recibir clases virtuales”.
Por su parte, el Consorcio de Universidades, que agrupa a los centros de educación superior privados más importantes, advirtió que la obligación de dictar clases remotas la semana próxima “afecta gravemente el desarrollo del proceso educativo”.
De otro lado, el portal periodístico La Encerrona comentó que la presidenta Dina Boluarte “quiere presentarles una ciudad fantasma a los visitantes de APEC, para que no vean el país en caos y no se enteren de que 96 por ciento de la población rechaza a la mandataria”, según las encuestas.
Entretanto, el Gobierno desarrolla una campaña contra las protestas anunciadas por organizaciones de transportistas, pequeños empresarios y la Confederación General de Trabajadores, en demanda de seguridad ante el desborde de extorsiones y su correlato de asesinatos casi diarios.
El Ejecutivo argumenta que las protestas violentas afectarían la imagen del país ante los ojos de los visitantes y desalentarían eventuales inversiones de las empresas de países del foro que vienen a evaluar las condiciones para sus negocios.
El Gobierno advierte a diario que no permitirá disturbios durante la reunión y esta semana presentó a los cinco mil 600 militares que respaldarán a la Policía Nacional durante la cumbre.
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