Registrada en 2012 y de autoría del entonces legislador federal Eduardo Cunha, cesado en 2016, la PEC garantiza la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción.
«La vida no comienza con el nacimiento, sino con la concepción», justificó Cunha en su momento.
En la práctica, si este texto es aprobado por el Congreso Nacional se abolirían las autorizaciones, previstas en ley, para interrumpir el embarazo.
La diputada federal Chris Tonietto es la relatora de la PEC de Cunha y ya redactó votar a favor de la proposición.
El Gobierno aún puede impedir la votación de este martes.
Lo anterior, porque los diputados tienen derecho a pedir vistas, alegando que necesitan más tiempo para el análisis.
El pedido de audiencia aplaza la votación por dos sesiones.
Tal espinoso tema entró este año en la agenda de la Legislatura federal, cuando los parlamentarios promovieron un proyecto de ley que equiparaba el aborto hecho después de 22 semanas de embarazo al crimen de homicidio.
Se estableció penas de seis a 20 años de prisión para la mujer que realizara tal procedimiento.
La Cámara baja aceleró el trámite de este proyecto de ley en pleno en una votación que duró cinco segundos.
Tras fuertes críticas de movimientos populares y organizaciones de la sociedad civil, el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, decidió en junio crear una comisión representativa para discutir el proyecto y afirmó que la propuesta se mantendría para el segundo semestre del año.
Hasta entonces, esta junta no ha tenido ningún avance.
El aborto es un delito en Brasil, pero hay tres situaciones en las que está permitido.
Son los casos de interrupción legal: anencefalia fetal, es decir, mala formación del cerebro del feto, embarazo que pone en peligro la vida de la mujer encinta y el que resulta de violación.
La timidez, el recelo y la falta de información sobre sus derechos hacen que ocho de cada 10 niñas y mujeres, víctimas de violación en el país, no concurran a la policía o a un servicio de salud después de sufrir agresión sexual.
Sin embargo, casi nueve de cada 10 brasileños (87 por ciento) estiman que las agobiadas por una trasgresión deben tener la opción de abortar, tal y como establece la ley, según un estudio realizado por los institutos Patrícia Galvão y Locomotiva.
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