En un contexto regional marcado por el bajo crecimiento y la desigualdad, la Cepal considera necesario que los Estados inviertan entre 1,5 y 2,5 por ciento de su Producto Interno Bruto en programas sociales.
Entre estos figuran las prestaciones familiares y por hijos, la protección a la maternidad y a la salud, las ayudas ante el desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades, invalidez y vejez, la entrega de subsidios y bienes y los programas de alimentación escolar.
La Cepal presentó el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024: desafíos de la protección social no contributiva, entendiendo ésta como la que no depende de los aportes hechos por las personas a lo largo de su vida, sino de los recursos públicos del Estado o donaciones.
Desde 2009 la población que vive en hogares donde se reciben transferencias monetarias condicionadas aumentó paulatinamente hasta llegar al 27,1 por ciento, lo que representa una de cada cuatro personas.
Interrogado por Prensa Latina sobre el impacto de estas contribuciones en las personas de la tercera edad, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, consideró que son fundamentales para reducir la pobreza, la cual disminuyó en 14 puntos en el grupo etario de mayores de 65 años.
“Esto evidencia la efectividad y la importancia de seguir fortaleciendo estos sistemas”, dijo.
El informe del organismo de Naciones Unidas refleja que el pasado año la tasa de pobreza en la región fue de 27,3 por ciento, la más baja desde 1990, y la de pobreza extrema de 10,6 puntos porcentuales.
Pese a los avances, aún 172 millones de personas en el área no cuentan con ingresos suficientes para cubrir necesidades elementales y, de ellas, 66 millones no pueden adquirir una canasta básica de alimentos.
Ello aumenta la necesidad de lograr financiamientos sostenibles y avanzar hacia sistemas de protección social universales, integrales y resilientes, dijo Salazar-Xirinachs.
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