Claros fue uno de los líderes de la medida de presión que provocó daños económicos estimados por el Gobierno en dos mil millones de dólares y obstruyeron la movilidad de la población.
Según las denuncias, en puntos de bloqueo de Parotani y Mairana los movilizados retuvieron a policías y periodistas y se enfrentaron con petardos y dinamita a los efectivos policiales y militares que ejecutaron los operativos de desbloqueo.
De acuerdo con los reportes, un fuerte resguardo policial participó en el traslado de Claros desde el aeropuerto de El Alto hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en el centro paceño, donde debe prestar declaraciones ante los fiscales. Según se informó, el Ministerio Público investiga a los bloqueadores por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, tráfico de armas y tenencia o portación ilícita de armas.
Asimismo, los presuntos cargos incluyen instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, contra los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro.
La cartera de Gobierno informó que de los 90 bloqueadores aprehendidos en este contexto, 85 guardan detención preventiva en distintas cárceles de La Paz, mientras cinco permanecen con detención domiciliaria.
La Procuraduría General del Estado requirió la aprehensión de Claros, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana (2006-2010, 2012-2017 y 2019-2019) y el dirigente campesino Ponciano Santos, entre otros.
Del lado contrario, el exmandatario Morales denunció, en sus redes sociales, la detención “ilegal y arbitraria” de Claros.
Sostuvo en su cuenta de X (antes Twitter) que fue “injustamente privado de su libertad por liderar las movilizaciones de protesta social por la crisis económica, en defensa de la vida y la democracia”.
Por su parte, el Movimiento Guevarista Bolivia demandó la liberación de Claros en un comunicado.
“El Movimiento Guevarista denuncia ante la opinión pública y la comunidad internacional la detención ilegal y arbitraria del dirigente campesino Humberto Claros (…)”, expresa el texto.
Describió que el dirigente afín a Morales fue interceptado en la vía pública por tres hombres de civil que lo forzaron a subir a un vehículo sin placas y sin logotipos identificativos.
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