La asambleísta de la Revolución Ciudada Jahiren Noriega, una de las proponentes, explicó que la solicitud se sustenta en el presunto incumplimiento de funciones por parte de la ministra.
Estamos hablando de un incumplimiento de los artículos 149 y 131 de la Constitución, que establecen con claridad que el juez natural de cualquier autoridad de elección popular será la Asamblea Nacional, precisó Noriega.
Declaró que espera que este juicio político se convierta en un llamado a la no violencia política y siente un precedente de protección a los derechos políticos a las mujeres.
Además de Noriega, proponen el enjuiciamiento Mariana Yumbay, de Pachakutik; Carla Cruz, del movimiento Construye, y Cristina Chávez, independiente.
Por su parte, Núñez se defendió y dijo en entrevista con un medio local que quien resolvió sancionar a la vicepresidenta fue la sustanciadora administrativa del Ministerio del Trabajo.
“Los juicios políticos son por responsabilidades directas, no por responsabilidades indirectas”, consideró la ministra.
Este miércoles, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que desconoce la medida que suspendió a la vicegobernante del cargo por 150 días, sin remuneración, y convocó a Núñez a dar explicaciones sobre los hechos.
Abad, que compareció la víspera de manera virtual ante el plenario legislativo, declaró que el Gobierno buscaba una forma de inhabilitarla para que ella no asuma la presidencia cuando Noboa pida licencia para realizar campaña para las elecciones 2025.
Según el Ministerio de Trabajo, la «falta grave» de Abad fue el «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos» al incumplir la disposición de la cancillería sobre su traslado de Israel, donde era embajadora, hacia Türkiye en un plazo establecido.
Ese hecho derivó en la designación de Sariha Moya como vicemandataria encargada.
Este jueves, el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) presentó en la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo que designó a Moya.
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