Un comunicado divulgado por la Presidencia del Consejo de ministros señala que, en su mensaje, la mandataria resaltó que esta acción operativa de la GDF, bautizada como Moby Dick, refleja el “firme compromiso del Gobierno en la lucha contra la evasión fiscal, una de nuestras principales prioridades”.
De acuerdo con un parte policial, divulgado en el sitio digital del diario especializado Milano Finanza, un juez de instrucción milanés dictó 47 medidas cautelares, por asociación delictiva para evadir en carrusel el Impuesto al Valor Agregado (IVA) intracomunitario, en el comercio de productos informáticos, y el blanqueo de los beneficios.
En 160 allanamientos realizados en 30 provincias italianas, se ejecutaron además embargos de bienes y dinero por 520 millones de euros, además de mil 300 millones en facturas falsas, así como medidas restrictivas e incautaciones en Luxemburgo, España, Chipre, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Países Bajos, Suiza y Emiratos Árabes Unidos.
De acuerdo con el parte de la EPPO, se dictaron medidas cautelares contra miembros de la Camorra, organización mafiosa napolitana, mientras que entre los acusados enviados a prisión, se encuentran cuatro implicados ubicados en República Checa, Países Bajos, España y Bulgaria.
En total suman más de 200 las personas investigadas y más de 400 las empresas implicadas, muchas de las cuales están acusadas de infracciones administrativas derivadas de estos delitos.
Los fraudes en carrusel se realizan aprovechando el régimen de no tributación a efectos del IVA, previsto para operaciones comerciales intracomunitarias, interponiendo en una operación una entidad económica ficticia, con el uso de las denominadas fábrica de papel, empresas fantasmas o comerciantes desaparecidos.
Esas empresas de papel, en lugar de vender las mercancías más su beneficio, y pagar el impuesto recaudado por su venta, las comercializan por debajo de los costos, sin pagar el IVA correspondiente en la factura.
Los comerciantes desaparecidos, sin estructuras operativas ni empleados, y dirigidos por testaferros, incumplen las obligaciones fiscales, y emiten facturas falsas para luego, tras un corto período de dos años como máximo, ser supuestamente despedidos y reemplazados por otros de similares características.
El efecto final es la reventa de productos en el mercado interno, aprovechando las ventajas de un precio de compra artificialmente competitivo, o su comercialización en el extranjero, a menudo a las mismas empresas que originaron la cadena, para garantizar que el carrusel comience de nuevo, indicaron los expertos de la GDF.
Por su parte la EPPO destacó que el número de empresas implicadas en este fraude es impresionante, “con 269 comerciantes desaparecidos”, a los que se suman “55 intermediarios, y unos 52 conductos extranjeros”.
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