En relación a la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos al excanciller Álvaro Leyva, el mandatario consideró que se trataba de un acto de inmensa injusticia.
Estimó que la sanción de pérdida de sus derechos políticos a perpetuidad constituye un choque de frente contra lo normado en materia de derechos humanos, que prohíbe taxativamente a las autoridades administrativas quitar prerrogativas políticas.
Que un administrador, sin ser juez, quite derechos políticos solo es propio de las dictaduras, no de las democracias, refirió.
“Se debilita así la justicia y se hace trizas la paz, que es la consigna de las extremas derechas, que sólo pueden crecer y anhelan dictaduras y violencias. Colombia no necesita disminuir su democracia, sino ampliarla para alcanzar libertad y paz”, sentenció.
La medida contra Leyva fue tomada por supuestas violaciones de la contratación estatal, pues este declaró desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes, un caso por el cual esa entidad lo suspendió del puesto de ministro de Relaciones Exteriores en mayo pasado.
En su defensa, el excanciller aseguró que su determinación obedeció a su compromiso con la legalidad y los principios constitucionales de transparencia en la contratación pública.
Por otro lado, Petro advirtió asimismo que el fallo que eximió de sus imputaciones a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), es una señal de impunidad que no conduce sino a más violencia.
Santiago Uribe fue absuelto de los cargos que lo relacionaban con la conformación y participación del grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’ y por lo cual había denuncias en su contra que lo señalaban por delitos serios como homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
A propósito, el mandatario opinó que un crimen internacional de lesa humanidad, como haber asesinado sistemáticamente los miembros del partido Unión Patriótica, con asesinato de niños incluido, lanzar operaciones de asesinato de civiles indefensos sistemáticamente, no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez.
El presidente, si es fiel a los principios de defender la vida humana y de no permitir más impunidad contra los seres humildes en Colombia, comentó, no puede echarse para atrás en el propósito de justicia.
Remarcó a continuación que un jefe de Estado no puede estar al lado de usar la justicia para generar la impunidad y la injusticia y dejar perder la verdad pues, según planteó, ese camino solo lleva a más violencia.
Sentenció entonces que la época en que los poderosos usaban sus armas para matar bárbaramente el pueblo ya terminó.
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