Firmada por los magistrados de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gonzalo Miguel Hurtado y René Yván Espada, la sentencia reconoce como presidente de la organización a Grover García y a Julia Ramos como vicetitular del denominado Instrumento Político.
Esta decisión responde a acciones de amparo constitucional interpuestas por Leonilda Zurita Vargas y Lucio Quispe, secretario ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afín al Gobierno del presidente Luis Arce.
Otra demanda fue presentada por Esteban Alavi, secretario ejecutivo nacional de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csiob), y Guillermina Kuno, ejecutiva nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.
Ambos reclamos fueron planteados en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que no reconocieron el congreso de mayo, efectuado en la Ciudad de El Alto, al considerar que las organizaciones sociales no coordinaron su realización con la presidencia del MAS-IPSP, encabezada en esos momentos por Morales.
Con anterioridad, el TSE rechazó también un congreso encabezado por Morales en Lauca Ñ, Cochabamba, con ese mismo argumento.
El veredicto responde a la Resolución del 1 de diciembre de 2023, emitida dentro de la acción de amparo constitucional formulada por Felipa Montenegro, representante de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa de Santa Cruz, en contra de Juan Evo Morales.
Considera ese texto como válidos todos los actos de ejecución, incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP llevado adelante en El Alto, del 3 al 5 de mayo de 2024, “convocado por las organizaciones fundadoras ahora accionantes y las determinaciones asumidas en éste”.
De su lado, Morales denunció en sus redes sociales que se trata de un caso de empleo político de la justicia (lawfare), similar a la aplicada en Ecuador contra el Movimiento Ciudadano que encabezó el exmandatario Rafael Correa.
“(…) El Gobierno de Luis Arce da un golpe a la revolución y el proceso de cambio, presionando a la Sala Constitucional IV para que ésta le entregue la sigla del MAS-IPSP a través de una sentencia inconstitucional, ilegal e ilegítima (…)”, escribió en su cuenta de X el exdignatario indígena.
Agregó Morales que el Gobierno ya no necesita a los otros poderes del Estado porque le es suficiente la Sala Constitucional IV para eliminar adversarios, lo cual calificó de “deterioro de la democracia en Bolivia”.
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