En declaraciones a la prensa el fiscal general, Tarek William Saab, declaró que esa decisión es atribuible “única y exclusivamente al Estado venezolano, a los órganos competentes, al sistema de justicia, a la Fiscalía que lidera la acción penal y al Poder Judicial”.
Un comunicado leído por el titular señaló que se actuó acorde a lo previsto en el artículo 285 de la Constitución y de manera coordinada con el sistema de justicia, luego “de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos probatorios”.
Puntualizó que durante los lapsos previstos en la ley se realizó una “profunda revisión de los casos relacionados con acciones violentas”, ocurridas posterior a la celebración de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dejaron 28 muertos, 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos.
Las revisiones de medidas a procesados por esos hechos están erigidos sobre valores superiores “como la vida, la justicia y los derechos humanos”, ajustado al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna y en destaque al derecho a la defensa y presunción de inocencia, indicó.
El texto remarcó que esta acción tiene como centro la reunificación familiar y consolida el compromiso de las instituciones venezolanas con la paz, la justicia y los Derechos Humanos.
Saab puntualizó en sus declaraciones que durante meses investigaron de manera exhaustiva, con un trabajo metódico, cada una de las causas que pudieran ameritar revisión de medidas, solicitud realizada también por el presidente Nicolás Maduro y el Poder Legislativo.
Refirió que también celebraron reuniones con los familiares de las víctimas, de quienes fallecieron y resultaron heridos en esos días a manos de factores políticos violentos que no quisieron aceptar los resultados electorales, llamaron a la violencia y hoy son prófugos de la justicia.
El fiscal general destacó que ninguna Organización No Gubernamental tiene moral alguna, ni atribución jurídica ni cualidad de ningún tipo para luego venir a decir que tuvieron algo que ver en esta acción.
Insistió que esta solo es atribuible única y exclusivamente al Estado venezolano, a los órganos competentes, al sistema de justicia, al Ministerio Público que lidera la acción penal y al Poder Judicial.
“Que no vengan ahora a sacar un video, después que están a la casa con una hoja para que te firme un familiar un poder, y decir que fue porque hicieron tal o cual cosa y grabar para propalar propaganda negativa contra el país”, advirtió.
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