Según el documento, de esta manera se busca proteger, conservar y salvaguardar para las futuras generaciones un recorrido a las raíces, además de promover el turismo cultural y la investigación.
La ley permite un plan de manejo de los suelos donde están enclavados los diferentes sitios, llamados a preservar los recursos culturales y su área de amortiguamiento, e incluye restricciones para evitar la construcción no autorizada o la alteración del ambiente natural y cultural.
Además se establece un sistema que involucra a diversas entidades para coordinar esfuerzos de conservación, restauración, investigación y divulgación, incluyendo los ministerios de Cultura y Ambiente.
Otra de las aristas de la norma impulsa un plan para proteger los sitios frente a posibles desastres naturales o actividades humanas que puedan dañar el patrimonio.
En julio último, Panamá aceptó recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en torno a la Ruta, propuesta por el istmo para ser inscrita como Patrimonio de la Humanidad.
Según la cartera de Cultura, la importancia de esta ley local es trascendental porque se incluye la atención a las cuatro recomendaciones emitidas por la Unesco y cuatro de las observaciones que están dentro de esa decisión, lo que permite impulsar el proyecto de reconocimiento de la ruta a la próxima reunión en Sofía, Bulgaria, en 2025.
La Fase I de la Ruta la integran el Castillo de San Lorenzo(provincia de Colón), el Camino de Cruces (en el Caribe, incluyendo su tramo fluvial), el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y el Casco Antiguo.
La iniciativa prevé que una vez inscrita esta primer grupo, se procederá con la Fase II, la cual consistiría en el Camino Real y las fortificaciones de Portobelo(Colón).
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