El exmandatario fue condenado en julio de 2023 a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business, y desde el pasado 7 de febrero permanece asilado en la embajada de Nicaragua en esta capital.
La abogada Nadia Castillo, a cargo de la defensa del exgobernante interpuso ese recurso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la Resolución Indagatoria de junio de 2020, por la cual se formularon cargos penales, demanda aceptada pero se esperaba la opinión de González.
El Procurador envió su opinión y consideró que no debe admitirse por incumplir los requisitos legales.
Para González, el pleno de la CSJ no se puede pronunciar en el fondo con respecto a la constitucionalidad o no de leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y actos impugnados por la vía de acción de inconstitucionalidad.
También agregó que “el que no sea viable la presente acción de inconstitucionalidad, no significa que no se pueda discutir por otras vías como se puede suscitar con el correspondiente recurso de revisión penal”.
El pasado 2 de noviembre, tras decenas de impugnaciones, todas rechazadas en diversos procesos penales, por primera vez el Supremo admitió esa herramienta.
Entonces designaron al magistrado Olmedo Arrocha para atender la demanda de inconstitucionalidad contra la orden indagatoria dictada en 2022 y luego la sentencia emitida por la juez penal Baloisa Marquínez, en julio de 2023.
Al dignatario se le sancionó por utilizar recursos del Estado y beneficiarse de la compra de la Editora Panamá América SA, por lo que también deberá pagar una multa de 19,2 millones dólares.
Sin embargo, Castillo explicó que según la ley, Martinelli no podía ser acusado o enjuiciado por crimen o delito cometido antes de su extradición en junio de 2018, debido al principio de especialidad que establece un Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, recurso desestimado nuevamente.
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