En el conocido Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico, permanecen basificados hace más de una semana aeronaves del tipo C-17 Globemaster III, helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y BellUH-1H, constató Prensa Latina.
En el mensaje de la CNTP se rechaza la movilización extraña y muy encubierta, de equipo y personal castrense del Ejército del norteño país, lo cual viola flagrantemente la neutralidad y soberanía nacional, precisa el texto.
La mayor central obrera añade que el istmo no tiene ejercito militar, lo cual está contemplado en la Constitución Política y repudia que la estadía de esas aeronaves se produce bajo un coordinado secretismo entre el Gobierno, la embajada estadounidense y las corporaciones mediáticas.
Las actuales autoridades panameñas, según la CNTP, como las anteriores desde la post Invasión (1989) han sido cómplices de estas violaciones y de la injerencia de personal de la embajada de Estados Unidos en Panamá, de personeros militares enviados por el Pentágono en diferentes momentos.
La entrada y salida de aeronaves militares del ejército estadounidense , estiman es una ofensa a quienes han entregado la vida en las luchas por la soberanía y cita a líderes indígenas como Urracá y Quibián, el rebelde africano Bayano, así como patriotas como Pedro Prestán, Victoriano Lorenzo, Amelia Denis de Icaza, Ricardo Miro y Ascanio Arosemena, entre muchos otros.
Todo este movimiento extraño de equipo bélico nos preocupa porque se está dando en medio de una coyuntura interna crucial para el país y los panameños, como lo es la crisis y reformas de la Caja del Seguro Social, agrega el comunicado.
Además señala que el movimiento y las maniobras de los efectivos militares se produce cuando aún está latente el litigio con Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, obligada a cerrar operaciones tras intensas manifestaciones populares a finales del año pasado; o la tensa situación que vive Latinoamérica y el Caribe, que involucra a Panamá.
La presencia ilegal de las aeronaves, concluye el sindicato, es contraria a la proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, hace 10 años, que declara la región como «zona de paz», lo que entraña desterrar para siempre el uso de la fuerza en la región y a cumplir con la obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otros Estados.
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