Hasta la fecha han participado 41 personas, de unas 600 inscritas, entre ellas representantes de organizaciones populares que abogan por rescatar el sistema solidario de pensiones, y rechazan la propuesta de elevar la edad de jubilación tres años y las facultades que otorga al director de la CSS en el manejo de finanzas de finanzas.
Este fin de semana, los colectivos convocaron a una marcha el 25 de noviembre en defensa de los derechos de las mujeres, amenazados en ese documento presentado por el Gobierno y que espera sea aprobado antes del 321 de diciembre.
Según voceros de la alianza Pueblo Unido por la Vida, la manifestación en poco más de una semana partirá desde el emblemático parque Belisario Porras, en esta capital hasta el Legislativo donde se debate la iniciativa.
Los representantes de sindicatos, gremios y asociaciones acordaron además que se debe retornar el documento al Ejecutivo para que, junto a trabajadores y empresarios privados, haga las modificaciones y ajustes necesarios, pero oyendo a la mayoría.
Portavoces de los colectivos presentes en esos intercambios con los legisladores, como Marco Andrade, secretario general de la Confederación Naciones Unidad Sindical Independiente (Conusi), indicó que los trabajadores se oponen además a que la CSS tercerice servicios lo que demuestra el interés de privatizar la única entidad pública que atiende a jubilados.
Por su parte, Fernando Ábrego, de la Asociación de Profesores de Panamá, exhortó a que la población asista en sus diversas comunidades con todos estos y otros elementos a la gira que organiza el parlamento.
Además instó a que el actual director de la CSS, Dino Mon, los ministros de Salud, Fernando Boyd; y de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y hasta el mismo presidente de la República, José Raúl Mulino, sean procesados por conflictos de intereses, al presentar un proyecto que busca quedarse con los recursos de todos los panameños.
Otra arista de las contradicciones del proyecto es que prevé aportes del Estado al programa de Invalidez Vejez y Muerte en el orden de los 966 millones de dólares, pero insiste en elevar la edad de jubilación tres años, 65 los hombres y 60 las mujeres, ingresos que ayudarían a mantener la estabilidad del fondo de pensiones.
Sin embargo, la propuesta no ha sido bien acogida por los gremios de trabajadores que rechazan el alza.
Si finalmente la ley se aprueba sin el incremento en la edad de jubilación, podrían ocurrir dos escenarios: que el Estado tenga que poner más dinero, a lo que podría oponerse el Ministerio de Economía y Finanzas, o que el modelo no quede en equilibrio y requiera una nueva reforma en los próximos años, según analistas.
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