A través de un comunicado, el mandatario aseguró que la policía cumplirá con sus deberes y responsabilidades para sacar a estas personas a la superficie de forma segura, y que hará todo lo posible para reducir el riesgo de daños.
No obstante, Ramaphosa reiteró que el Gobierno mantiene la determinación de hacer frente a los actos delictivos, ya sean robos de dinero en efectivo, extorsión, minería ilegal, violencia de pandillas o delitos relacionados.
El mandatario se refirió a la situación en la mina de oro abandonada en Stilfontein, en el noroeste del país, donde desde hace más de un mes el Servicio de Policía Sudafricano y otros organismos trabajan para que varios cientos de mineros ilegales salgan a la superficie, como parte de la Operación Vala Umgodi.
“Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley tienen información de que algunos de los mineros pueden estar fuertemente armados”, sostuvo Rampahosa, que además comentó que la minería ilegal y no regulada entraña riesgos en cuanto a presencia de explosivos, inhalación de humos tóxicos y el posible derrumbe de pozos de minas inestables.
Esto pone en peligro no sólo a los mineros ilegales, sino también a la policía y otras agencias de aplicación de la ley, remarcó el presidente, quien ponderó las negociaciones con los mineros ilegales desde que comenzó el enfrentamiento para llevarlos a la superficie y a un lugar seguro.
“La policía, los expertos en seguridad minera y el personal de emergencia y rescate permanecen en el lugar. La situación es precaria, incierta y potencialmente volátil”, valoró.
Reconoció que como parte de la operación la policía había cerrado las entradas por donde llegaban los suministros bajo tierra, lo que generó un gran debate público sobre los derechos de los mineros ilegales.
El comunicado alegó que estos son responsables de actos de violencia e intimidación, y algunos han estado implicados en delitos como asesinatos y violaciones en grupo, además de que muchos están en el país ilegalmente, entre otros fenómenos como las pérdidas económicas y las guerras entre bandas rivales por el botín.
Tras exponer varios ejemplos, el mandatario subrayó que la mina de Stilfontein es un lugar de delito y es “una práctica policial habitual en todas partes asegurar el lugar del delito y bloquear las vías de escape que permiten a los delincuentes evadir el arresto”, siempre con respeto a los derechos de todas las personas.
“Más de mil mineros han salido a la superficie y han sido detenidos. Los que vuelven a la superficie son evaluados por personal médico en el lugar. Los que se encuentran en buen estado de salud son detenidos y serán procesados de acuerdo con la ley. Los que requieran atención médica serán trasladados al hospital bajo custodia policial”, afirmó.
Ramaphosa aseguró que la policía cumplirá con sus deberes y responsabilidades para sacar a los mineros ilegales a la superficie de forma segura y se trabajará con la industria minera para garantizar que se responsabilicen de rehabilitar o cerrar las minas que ya no estén en funcionamiento.
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