El funcionario precisó este martes, en entrevista con el canal Teleamazonas, que entre el 1 de noviembre a la fecha en Loja se quemaron ocho mil 800 hectáreas, mientras que en Azuay las llamas están controladas a un 80 por ciento, pero ascienden a más de tres mil las hectáreas consumidas.
Mencionó que han recibido ayuda de Perú, Italia, Canadá y hay disponibilidad de ayuda humanitaria en caso que se necesite por parte de naciones como España.
De acuerdo con Carrillo, hay dos sospechosos de provocar estos siniestros de forma intencional y se busca la forma de sancionarlos por terrorismo.
En su opinión esos actos intencionales son un intento de desestabilización política, porque cuando surge una emergencia de ese tipo todos los recursos se ponen en función de atenderla y, conscientemente, se descuidan otros sectores como la seguridad.
La víspera, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, catalogó de “terrorismo ambiental” ese tipo de actos y afirmó que son provocados con fines políticos de quienes quieren “ver arder a nuestro país”.
Sobre la declaratoria de emergencia nacional por 60 días debido a los incendios, déficit hídrico y sequía, Carrillo explicó que permitirá movilizar recursos para atender a las poblaciones vulnerables, conseguir métodos de almacenamiento de agua seguros, entre otras acciones.
El titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos subrayó que en la costa, provincias como Manabí, Guayas y Santa Elena, sufren la escasez del líquido vital.
En el caso de la agricultura confirmó que las afectaciones son superiores a los 349 millones de dólares.
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