La nota de la PF indica que en el propósito de ejecución también figuraban el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), y el vicepresidente Geraldo Alckmin, y fue debatido en la casa del general Walter Braga Netto.
«Se consideraron varias condiciones de ejecución del ministro Alexandre de Moraes, incluso con el uso de artefactos explosivos y por envenenamiento en evento oficial público», apunta el texto.
Refiere la investigación que hay una cita a los riesgos de la acción, «diciendo que el daño colateral sería muy alto, que la posibilidad de captura sería alta y que la probabilidad de baja (término relacionado con la muerte en el contexto militar) sería alta».
Usando los nombres en clave Jeca, para referirse a Lula, y Joca, para Alckmin, el asesinato de la fórmula presidencial por envenenamiento fue muy considerado por los uniformados.
«Para ejecutar al presidente Lula, el documento describe, considerando su vulnerabilidad de salud y frecuente ida a hospitales, la posibilidad de uso de envenenamiento o uso de químicos para causar un colapso orgánico», refiere el documento de la PF.
La operación apunta a los Kids pretos (Niños negros), que serían militares activos y de la reserva. Además de ellos, un policía federal fue arrestado.
Según la PF, había un plan de operación llamado Daga Verde y Amarilla, y sería ejecutado el 15 de diciembre de 2022,
La acción policial para arrestar a los militares, autorizada por De Moraes, cumplió este martes cinco órdenes de detención preventiva, tres de registro y 15 medidas cautelares diversas de prisión.
Uno de los blancos fue el general de la reserva Mario Fernandes, quien fue secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y actualmente es asesor del diputado federal Eduardo Pazuello, exministro de Salud del político ultraderechista.
También fueron detenidos los Kids pretos: teniente Coronel Helio Ferreira Lima, mayor Rodrigo Bezerra Azevedo, mayor Rafael Martins de Oliveira y el oficial federal Wladimir Matos Soares.
Las indagaciones indican que la planificación elaborada por los sospechosos «detallaba los recursos humanos y bélicos necesarios para el desencadenamiento de las acciones, con uso de técnicas operativas militares avanzadas».
Además, después se instalaría una «Oficina Institucional de Gestión de Crisis» para la gestión de conflictos institucionales originados en consecuencia de los actos.
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