El pasado 9 de noviembre, el Ministerio de Trabajo suspendió de sus funciones por 150 días, sin remuneración, a Abad por «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales», al considerar que no llegó desde Israel, donde era embajadora, a Türkiye en la fecha establecida por la cancillería.
La convocatoria a Núñez fue resultado de una resolución del legislativo que desconoce la sanción y considera que ese poder del Estado es el único facultado para adoptar medidas contra un vicepresidente.
No obstante, los asambleístas solicitaron a la Corte Constitucional una acción de interpretación, al tiempo que llamaron a las instituciones públicas y organismos de control a iniciar procesos de investigación relacionados con la medida contra la vicegobernante.
Además, cuatro legisladoras de diferentes partidos solicitaron iniciar un juicio político contra Núñez por la sanción administrativa impuesta a Abad.
La penalización de la segunda jefa del Ejecutivo derivó en la designación de Sariha Moya como vicemandataria encargada, mientras políticos y juristas de diferentes tendencias ideológicas criticaron la decisión del Ejecutivo de suspender a Abad por considerarla inconstitucional.
Abad, que compareció la semana pasada de manera virtual ante el pleno parlamentario, declaró que el Gobierno buscaba una forma de inhabilitarla para que ella no asuma la presidencia cuando el actual mandatario, Daniel Noboa, pida licencia para realizar campaña para las elecciones 2025.
oda/avr
