La víspera se informó que esa firma, de capital estadounidense y con asiento en Panamá, inició la ejecución judicial internacional de un laudo que emitió en febrero un tribunal internacional del Banco Mundial (Ciadi).
Se trata de una demanda por la bancarrota de la aerolínea de bandera uruguaya Pluna, decidida por el gobierno del presidente José Mujica.
El tribunal arbitral dictaminó que Uruguay pagara unos 56,5 millones de dólares.
La Presidencia de Uruguay sostuvo en un comunicado que el gobierno «ha querido cumplir siempre y lo va hacer. Pero no está dispuesto a firmar algo que excede al laudo y que por ello no se firmó el acuerdo de pago».
«Las negociaciones no prosperaron debido a que Larah exigió que Uruguay dé por terminado los procesos penales actualmente en trámite contra los señores Hugo Sebastián Hirsch, Arturo Alvarez Demalde y Matías Campiani».
«Uruguay no acepta indemnidad penal solicitada por Larah para los acusados por estafa especialmente agravada por su gestión al frente de Pluna», enfatizó el texto.
«Esto es inadmisible para Uruguay, como para cualquier Estado de Derecho, además de ser violatorio de los principios de separación de poderes y la autonomía técnica de los Fiscales», concluyó el pronunciamiento.
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