En declaraciones a Radio Panamá el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares(Suntracs), Saúl Méndez, señaló que miente al país el presidente de la República, José Raúl Mulino, cuando asevera que la iniciativa recoge propuestas de todos los sectores, incluido el obrero.
El también vocero de la alianza Pueblo Unido por la Vida precisó que durante dos meses en las mesas temáticas para recoger propuestas y que los colectivos llaman “mesas de escucha”, por estar ajenas al diálogo, autoridades como el ministro de Economía, Felipe Chapman; el de Salud, Fernando Boyd; y el nuevo director de la CSS, el empresario Dino Mon, dejaron claro que al final tendrían que ir al Legislativo en caso de reclamos sobre las reformas.
Tampoco entregaron a los colectivos un borrador del documento, para ser analizado antes con profundidad, alertó Méndez y señaló que intentan imponer ese texto in extremis antes del 31 de diciembre, al aplicar similar modus operandi que en el caso del Presupuesto de 2025 o el nombramiento de Mon al frente de la CSS, pese al rechazo popular.
Méndez recordó que ante similares maniobras, cuando la AN aprobó un leonino contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, el pueblo salió a las calles hace un año y obligó a la Corte Suprema de Justicia declararlo inconstitucional y cerrar las operaciones de la mina de cobre en Donoso (Colón).
“Una maniobra para imponer este mamotreto (proyecto 163 sobre la CSS), dijo, podría llevar a nuevas manifestaciones de un pueblo cansado de la forma en que opera el Ejecutivo, como también sucedió en 2022 contra el alto costo de la vida o a finales de 2023 en rechazo a la minería metálico a cielo abierto.
El excandidato presidencial en 2019 explicó además que el problema de la seguridad social es integral y debe verse asociado al sistema económico y la realidad del desempleo, el incremento de la informalidad en el mercado laboral o los bajos salarios.
También fustigó que mientras esos indicadores apenas se tratan en la norma, la población de manera mayoritaria sabe que los empresarios evaden impuestos y se roban la plata del seguro social, que abonan los trabajadores.
De otra parte, indicó que en las mesas temáticas, 10 de 11 organizaciones presentes abogaron por recuperar el sistema solidario en el pago de pensiones, sin embargo en el proyecto se defiende el de las cuentas individuales y la tercerización de servicios, lo que apunta al objetivo de privatizar la CSS, una vieja fórmula recomendada por el Banco Mundial, aunque los funcionarios en complicidad con los poderes mediáticos se encargan de difundir lo contrario.
En esa dirección, la víspera, el Gobierno decidió ofrecer conferencias de prensa diarias para ampliar explicaciones sobre el contenido del proyecto 163.
En una primera comparecencia, la víspera, el titular de Salud, Fernando Boyd, describió la iniciativa como una solución estructural y sostenible al déficit de 75 mil millones de dólares que enfrenta la CSS.
Boyd enfatizó que la reforma propuesta busca garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y de salud para las próximas generaciones.
“Si pateamos la pelota otra vez para adelante, volveremos a dejarle este problema al próximo gobierno, lo cual sería irresponsable”, advirtió.
El Ejecutivo expresó disposición para aceptar ajustes que no comprometan los objetivos principales de la reforma, como garantizar las pensiones y coordinar un sistema de salud eficiente.
Mientras en la comisión de Salud y Trabajo del parlamento, diputados como Cipriano Adames exigieron la presencia de los funcionarios del Gobierno y la presentación del sustento técnico, actuarial y financiero de las reformas propuestas a la única entidad estatal que atiende a jubilados.
Adames exigió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la proyección que tiene para recaudar 966 millones de dólares, y afirmó que los presupuestos no pueden estar basados en elucubraciones o en pensamientos.
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