La sentencia reconoce la existencia de una “grave conmoción interna” como justificación del decreto de excepcionalidad; sin embargo, insiste -como en ocasiones anteriores- en la inconstitucionalidad del “conflicto armado interno” declarado por el mandatario en enero de este año.
🔵#BoletínCC | La Corte Constitucional emite el Dictamen 11-24-EE/24 relativo al estado de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo 410 del 3 de octubre de 2024.
Accede al texto íntegro ⬇https://t.co/rQJyt7XN1o pic.twitter.com/sEbhJLR47R
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) November 21, 2024
El organismo judicial también falló contra la orden de que se realicen requisiciones de “armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios de origen ilícito y sin permiso de porte o tenencia”.
Igualmente, declaró como inconstitucional la disposición de que se movilicen e intervengan la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el fin de combatir a los grupos del crimen organizado.
Este pronunciamiento de la Corte llega justo cuando la ministra del Interior, Mónica Palencia, recordó esos aspectos del estado de excepción horas antes de las protestas convocadas por organizaciones sociales y sindicales contra las políticas del gobierno de Noboa.
Más de mil 400 policías están desplegados ya, junto a cientos de militares, en las zonas donde esta tarde tendrá lugar la movilización.
En redes sociales, analistas y ciudadanos catalogaron como un revés para el mandatario el dictamen judicial que advierte sobre los múltiples estados de excepción declarados en 2024 y en años anteriores.
De acuerdo con el fallo, la población ecuatoriana ha vivido nueve de los primeros 11 meses del año en medio de la excepcionalidad como medida dirigida específicamente a combatir la situación de violencia que atraviesa el país y con suspensiones de derechos.
Por ello, exhortan a las autoridades a utilizar las medidas previstas en el régimen ordinario para combatir la crisis de seguridad existente en el país.
En su último estado de excepción, Noboa incluyó a la capital, seis provincias del país, así como el municipio Camilo Ponce Enríquez, enclave minero de Azuay.
De acuerdo con el Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional disminuyeron un 18 por ciento en 2024 respecto al año anterior, pero los delitos no cesan y el número de muertes violentas llega casi a las seis mil de enero a la fecha.
lam/avr
