En el proceso, cuya fecha de inicio está pendiente de definición por el Poder Judicial, el fiscal fundamentará la acusación en el intento fallido del exgobernante de disolver por decreto el Parlamento opositor, ordenar un alzamiento en armas, tampoco efectuado, y bloquear el acceso al Palacio Legislativo.
La Fiscalía pide además 25 años de prisión para quien era su primera ministra, Betssy Chávez, y los exministros del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, actualmente parlamentario, y 15 años (por su edad avanzada) al asesor de Chávez, Aníbal Torers.
La acusación, dice el informe, cuenta con 40 testigos, entre exministros, periodistas, funcionarios y otros; dos peritos, y 92 pruebas documentales (48 sobre Castillo).
La defensa, por su parte presentará 19 testigos a favor del acusado principal y 20 pruebas documentales.
El expresidente y sus abogados rechazan el cargo de rebelión y alegan que ese delito, según el código penal, se comete mediante el alzamiento colectivo en armas, de las cuales, afirman, no hizo uso Castillo.
Sin embargo, la Fiscalía señala que el haber ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar el decreto de disolución del Parlamento e intervención de los órganos de justicia equivale al uso de las armas.
Castillo intentó las medidas el 7 de diciembre de 2022, sin que fueran acatadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, sin las cuales era imposible que lograra su propósito.
Por el contrario, su escolta policial lo arrestó y fue encarcelado, mientras el Parlamento lo destituyó con un procedimiento sumario y no cumplió los requisitos de la vacancia alegando que Castillo incurrió en delito flagrante.
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