El comunicado calificó los cuestionamientos como una injerencia inaceptable en los asuntos internos de la región administrativa especial.
En una declaración, la Oficina denunció que algunas fuerzas externas utilizaron tácticas de presión, incluidas amenazas de sanciones y difamación del sistema judicial local, para interferir en la independencia de los tribunales de Hong Kong.
Subrayó que estos intentos son inútiles, al tiempo que solo refuerzan la determinación de las autoridades locales y de la población para salvaguardar la estabilidad y la seguridad nacional.
De acuerdo con el comunicado, los acusados del caso en cuestión no participaron en una actividad política pacífica, sino en un plan premeditado para socavar el sistema político de Hong Kong, por lo que violaron la Ley de Seguridad Nacional y los principios de un país, dos sistemas.
Añadió que cualquier intento de desestabilizar la región o debilitar la aplicación de la ley será enfrentado con firmeza.
La declaración destacó además que los países críticos, especialmente Estados Unidos, ignoran su propia aplicación estricta de leyes de seguridad nacional mientras manipulan conceptos como democracia, derechos humanos y libertad para intervenir en los asuntos internos de otras naciones.
Además, la declaración reafirmó el compromiso de Hong Kong y del gobierno central con la implementación plena de la Ley de Seguridad Nacional.
Previamente el portavoz de la Cancillería Lin Jian señaló la oposición de Beijing ante las intervenciones de países occidentales que, utilizando casos judiciales como el de Jimmy Lai, intentan interferir en los asuntos internos del gigante asiático.
«Nadie puede escudarse en la libertad para realizar actividades ilegales y pretender evadir las sanciones legales», reafirmó.
En este sentido, describió a Jimmy Lai como un actor clave en los disturbios contra el gobierno central y un agente de fuerzas anti-China.
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