Afirmó sin embargo que la mandataria, que está consternada por lo sucedido pero continúa sus labores normalmente, nada tiene que ver con la situación de su hermano, cuya búsqueda y captura ordenó el juez Richard Concepción Carhuancho, aunque las voces gubernamentales se abstienen de reconocer que está prófugo.
Adrianzén afirmó que hay una campaña mediática con el objetivo perverso de usar el caso de Nicanor Boluarte, acusado de tráfico de influencias y cohecho, por presuntamente influir en la designación de autoridades y crear con estas una red de organización de un partido oficialista.
El objetivo, sostuvo, sería crear condiciones para vacar (destituir) a la mandataria, algo que sería muy grave, según dijo, y atribuyó la presunta intentona a sectores políticos opositores y a organizaciones criminales afectadas por las acciones gubernamentales.
Afirmó también que en Perú habría un exceso en la aplicación de prisiones preventivas -en el caso de Boluarte por 36 meses- y sostuvo que hay jueces y fiscales que politizan la justicia.
Similares criterios plantearon, en declaraciones públicas, ministros como los de Salud, César Vásquez; Producción, Sergio González; Vivienda, Durich Whittembury; Economía, José Arista, y Justicia, Daniel Maurate.
Whittembury alegó que la medida judicial contra Nicanor Boluarte podría apuntar a opacar el éxito, reivindicado por el Gobierno, de la reciente cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y dijo que “en política no hay casualidades”.
Vásquez dijo que la prisión preventiva del hermano de la presidenta fue un “show mediático” para desestabilizar al Gobierno y el juez que la dictó tiene mucho afán mediático y pierde objetividad cuando se hace cargo de un caso emblemático.
Los ministros se cuidaron de señalar que respetan a los poderes del Estado, aludiendo a la autonomía del Poder Judicial y el ministro de Justicia puso énfasis en que el Gobierno no debe pronunciarse a favor de alguien que no forma parte del Gobierno y señaló que en el caso deben respetarse derechos como la presunción de inocencia.
La exministra de Justicia, Marisol Pérez, comentó que el Consejo de Ministros “no debe asumir la defensa” del hermano de la jefa de Estado, aunque afirmó que los delitos que se le imputan tiene que ver con su relación con ella y los cometió al amparo del poder.
Añadió que el juez actuó correctamente al no aceptar la invocación de la defensa del hermano de la gobernante a una polémica ley dictada recientemente por el Parlamento, que reduce los requisitos para la prisión preventiva; norma cuya nulidad reclaman desde reputados juristas hasta manifestaciones de protesta.
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