Con más de 700 páginas, el documento que se llama internamente «Investigación del Golpe» abarca la averiguación que llevó a la detención el martes de cuatro oficiales del Ejército y a una agente federal, y a la del 8 de enero de 2023, cuando adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y saquearon instituciones democráticas en Brasilia.
También en el texto aparecerán pesquisas sobre conspiraciones golpistas anteriores, otras durante las elecciones presidenciales de 2022 y después de la derrota de Bolsonaro en las urnas ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El informe final debe acusar a varias personas por crímenes como intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y organización criminal, pero no debe pedir el arresto anticipado de los blancos, lo cual no significa que no puedan ser arrestados después del juicio.
Los materiales decomisados esta semana durante la denominada Operación Contragolpe que reveló el plan golpista para asesinar a Lula, al vice Geraldo Alckmin y a De Moraes, todavía pasan por pericia.
El grupo de peritos policiales busca identificar al menos a otros cuatro sospechosos de pertenecer a la organización criminal.
Si aparecen nuevos nombres, se elaborará un informe adicional y se enviará al Supremo para ser adjuntado a la investigación principal.
Después de la entrega del informe final a la corte superior, De Moraes evaluará la posibilidad de levantar el secreto y hacer públicos los documentos y pruebas reunidas por la PF. Entonces, el material será enviado a la Procuraduría General de la República que analizará el trabajo de la PF para decidir si presenta denuncia penal contra los acusados.
Según la PF, la idea de los cuatro militares y un policía federal, detenidos el martes, sospechosos de planear el crimen, en 2022, de Lula, Alckmin y De Moraes, fue discutida en la residencia del exgeneral Walter Braga Netto, exministro de Defensa y uno de los nombres más fuertes del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
El general de la reserva Mário Fernandes, uno de los cinco arrestados recientemente por implicación en el complot golpista, afirmó que el entonces presidente Bolsonaro autorizó la asonada hasta el 31 de diciembre de 2022.
Durante una conversación con el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, el alto oficial admitió haber tenido una plática al respecto con el político ultraderechista.
mem/ocs
