Durante el cierre del Congreso Mundial de la Juventud y Estudiantes Antifascistas en el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, el mandatario manifestó que se trata de una normativa que viola de manera absoluta todas las reglas del Derecho Internacional.
Subrayó que es una ley de guerra económica, asedio y acoso contra el noble y pacífico pueblo de Venezuela, que “han pretendido calificar con el nombre del Libertador Simón Bolívar, vaya infamia y basura”, apostilló.
El gobernante remarcó que “aquel ciudadano, persona venezolana que promueva y apoye la aprobación de esa ley desde territorio nacional y pida sanciones criminales y la guerra económica contra el país, viola flagrantemente la Constitución y las leyes de la República”.
En tal sentido insistió en que el Estado venezolano y sus instituciones están obligados a actuar en nombre de la justicia y la soberanía republicana
Los poderes públicos en nombre de la Constitución y la ley deben actuar de manera inmediata para preservar la paz y la integridad del país, el derecho al futuro, recalcó.
Aseguró que Venezuela seguirá su camino a la prosperidad, a la recuperación al desarrollo y a garantizar el derecho al futuro “a toda nuestra patria en paz”.
La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó el pasado jueves por unanimidad en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de la República Bolivariana.
El diputado Carlos Mogollón, al presentar la exposición de motivos en el hemiciclo legislativo, explicó que esta iniciativa, propuesta por el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez, está inspirada en el legado de dignidad patriótica y antiimperialista de Simón Bolívar.
Indicó que surge como instrumento jurídico ante el clamor popular de justicia y para sancionar a personas naturales y jurídicas que “gestionen, pidan o coadyuven en cualquier forma” a la aplicación de sanciones.
Está previsto que la próxima semana, luego de una amplia consulta, el Poder Legislativo sancione el proyecto de ley de 18 artículos, que entre sus propuestas pide la inhabilitación política de por vida a las personas que “ayuden y se alíen con agentes extranjeros para imponer medidas coercitivas unilaterales al pueblo”.
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