El viceministro de Interior, Lyonel Calderón, precisó este lunes en rueda de prensa que las muertes intencionales bajaron en comparación con las siete mil 318 registradas en igual periodo de 2023.
En Quito, la capital del país, la reducción fue del 14 por ciento, y en el municipio Durán, provincia de Guayas, una de las zonas más violentas del país, se logró una disminución de muertes violentas del 34,5 por ciento desde que el Bloque de Seguridad entro a esa zona el 1 de julio.
Calderón detalló que se incautaron 269,16 toneladas de drogas desde el inicio de 2024, cantidad que supone un 34 por ciento más que en 2023.
El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zárate, se refirió a los mil 480 operativos realizados desde enero hasta la fecha.
En ese periodo, reportó la detención de 66 mil 762 personas, mil 120 casos de secuestro y siete mil 283 de extorsión.
Zárate añadió que en uso legítimo de la fuerza neutralizaron a 110 personas.
Por su parte, el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, manifestó que la mayor cantidad de las 300 mil operaciones realizadas tuvieron lugar en las provincias de Manabí, Guayas, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Santa Elena.
El ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, mencionó que en los próximos días cinco mil reservistas concluirán su proceso de entrenamiento y relevarán al personal que se encuentra en las cárceles y en territorios conflictivos.
Sobre las protestas antigubernamentales de las últimas semanas,Loffredo agradeció a quienes no se sumaron y dijo que esas acciones “tienen como propósito desviar la atención de lo que estamos buscando”.
Ecuador sufre una crisis de seguridad y es considerado el país más violento de la región.
En enero de este año el presidente Daniel Noboa emitió una declaratoria de “conflicto armado interno”, catalogó a las bandas criminales como terroristas y decretó desde entonces una serie de estados de excepción.
La semana pasada, la Corte Constitucional consideró legítima la última declaratoria de excepcionalidad, pero limitó el alcance de la medida al catalogar como ilegal la suspensión del derecho a la libertad de reunión y otros aspectos del decreto.
oda/avr
