Diputados como Crispiano Adames han solicitado el Gobierno, proponente del proyecto 163 sobre reformar a la Ley 51 de la Caja de Seguro Social (CSS), la entrega de una serie de informes que sustentan la sostenibilidad financiera de la iniciativa.
Adames insistió la víspera en que el Ejecutivo suministre la base de datos de cotizantes y pensiones del subsistema de beneficio definido y el subsistema mixto a la fecha, factores biométricos utilizados y aprobados por la junta directiva de la CSS, información demográfica relevante utilizada para la evaluación de la propuesta.
Además, solicitaron un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre la evaluación actuarial del sistema de pensiones panameño al 31 de diciembre de 2019 y la actualización al 2022 de todos los insumos utilizados.
La solicitud se da a pesar de que el pasado sábado el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el director de la CSS, Dino Mon, explicaran a los diputados sobre las corridas y sustento financiero del proyecto.
De su parte, la presidenta de la AN, Dana Castañeda, manifestó que ya es hora de que este tema vaya aterrizando, para que la población esté tranquila en que su participación no haya caído en oídos sordos.
En más de una semana, los cuestionamientos del sector obrero apuntan a que se retire el proyecto y exigen se retome en su totalidad el sistema solidario en las jubilaciones.
El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, aseveró que las reformas pretenden imponer facultades extraordinarias al actual director de la CSS, Dino Mon, para manejar fondos millonarios, a sabiendas de que se trata de un empresario que proviene de las aseguradoras.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saul Méndez, calificó la iniciativa como una “estafa”, tras señalar que no atiende el interés nacional, sino al sistema financiero.
En tanto, sectores como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, a través de su presidente Temístocles Rosas, coinciden en la gravedad de la situación de la CSS, y advierten de que se hace impostergable la solución del problema.
Para Celia Colina, del Movimiento de Jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo, la reforma planteada “es una gran decepción’’, según dijo al diario La Estrella de Panamá.
Colina calificó de engañosa la propuesta, porque aunque el Ejecutivo ha indicado que no habría privatización de la CSS, el proyecto contempla dar la potestad de administrar el fondo general de reserva de la entidad a personas jurídicas externas.
También el universitario Eduardo García, del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre( FER 29), sostuvo que la mejor propuesta que hay para salvar la CSS en estos momentos es archivar el proyecto presentado por el Gobierno y volver al sistema solidario.
García tildó además de irrespetuoso al presidente de la República, José Raúl Mulino, que la semana pasada criticó duramente a quienes se oponen a esta iniciativa.
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