La propuesta, elaborada por la Comisión de Protección Integral, presidida por la asambleísta Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana, genera posturas encontradas sobre diversos temas, entre ellos la responsabilidad penal de adolescentes que cometen algún delito.
Este martes, las bancadas legislativas pidieron a la presidenta, Viviana Veloz, aplazar la discusión.
«Se están proponiendo algunos temas conflictivos vinculados con la adopción, cambio de identidad que, si bien es cierto, estos conceptos nacen de decisiones de la Corte Constitucional, creo que el pleno debe consensuar un poco más», dijo Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC).
Sectores conservadores se movilizaron hoy hasta las afueras de la Asamblea porque consideran que el Código propuesto promueve el aborto, la ideología de género y la adopción de niños por parejas del mismo sexo, pero la legisladora Correa desmintió esas afirmaciones.
Señaló que los asambleístas aún no han leído el informe y comentó que hay una campaña mediática en redes de desinformación y desconocimiento del contenido de la normativa.
Otro de los puntos álgidos del proyecto es la idea de que los menores de edad puedan ser imputados penalmente como adultos cuando cometen delitos graves.
El asambleísta Jorge Peñafiel, del movimiento Construye, cree que se debe sancionar con mayor rigurosidad a los menores de edad infractores, desde los 12 años porque de lo contrario las bandas criminales seguirán reclutando a los menores, sabiendo que las sanciones serán tenues.
“Enviarlos a cárceles como La Roca o el Turi sería perderlos para siempre, exponiéndolos a abusos y graduándolos en el crimen”, expresó la parlamentaria que resaltó la necesidad de tratar a ese grupo poblacional de manera diferenciada respecto a los adultos.
El proyecto, que contiene 761 artículos y múltiples disposiciones, ha estado en discusión desde 2020 y seguirá pospuesto hasta nuevo aviso.
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