La Cámara de Cojutepeque concedió la petición de la Fiscalía de anular el proceso de los líderes ambientalistas de Santa Marta juzgados por el presunto asesinato de una mujer durante la guerra.
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque emitió un fallo el 18 de octubre, el cual estableció el sobreseimiento definitivo de la causa contra los acusados que se oponen al restablecimiento de la minería metálica.
Un comunicado de organización comunal calificó de “hecho insólito” la decisión de la Cámara que admitió recursos de apelación de los fiscales “carentes de verdaderos fundamentos legales”.
Eso foro anuló una sentencia justa y ordenó repetir el proceso en otro tribunal, tal como le orientó la Fiscalía General de la República (FGR) que, según el comunicado, empeña esfuerzos en criminalizar a los ambientalistas. La decisión de los magistrados es “totalmente ilegal e injusta”, señaló.
Ahora el proceso contra “los cinco de Santa Marta” tendrá que repetirse y su absolución por un supuesto crimen cometido durante la guerra queda sin efecto.
Según los activistas, el juicio muestra el uso del sistema judicial de El Salvador «para perseguir el activismo ambiental», que se opone al reinicio de la minería metálica, prohibida en el país por ley en 2017.
La comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, fue una de las que impulsó la prohibición de la minería metálica y con frecuencia denunció planes de abrir de nuevo la minería a empresas extranjeras, y su impacto sobre el ambiente y el agua del país.
La FGR acusa a los activistas de cometer un supuesto asesinato hace 35 años, durante la guerra civil, sin más prueba que el relato contradictorio de un testigo protegido que primero declaró que presenció los hechos y después dijo que le contaron lo sucedido.
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