La decisión fue divulgada por el fiscal de ese tribunal de Naciones Unidas, Karim Khan, quien aseguró que su oficina encontró «motivos razonables» contra el también presidente interino por la deportación y persecución de esa minoría mayoritariamente musulmana.
Los cargos se derivan de presuntos delitos cometidos entre el 25 de agosto y el 31 de diciembre de 2017 por las fuerzas de Myanmar, en coordinación con otras policiales, guardias fronterizos y algunos civiles no rohingyas.
De acuerdo con Khan, la CPI cuenta con amplia evidencia, incluidos testimonios de testigos internos, pruebas documentales y materiales científicos y visuales, recopilados con el apoyo de los estados miembros, la sociedad civil y organizaciones internacionales.
El fiscal agradeció la confianza y el firme compromiso de la comunidad rohingya por su cooperación, así como el apoyo del Gobierno de Bangladesh y del Mecanismo Independiente de Investigación de las Naciones Unidas para Myanmar.
El general Min Aung Hlaing llegó al poder en febrero de 2021, tras derrocar al gobierno electo y detener a cientos de funcionarios, líderes políticos y activistas.
Su ascenso incluyó el desplazamiento de más de un millón de rohingyas para buscar refugio en Bangladesh, junto a innumerables relatos de atrocidades, incluidos los asesinatos sistemáticos de unos 10 mil hombres, mujeres, niños y recién nacidos rohingyas.
Las organizaciones internacionales documentaron además terribles informes de violencia de género contra mujeres y niñas, incluidas violaciones y violencia sexual, y más de 300 aldeas fueron incendiadas hasta los cimientos.
El entonces alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein, calificó la campaña como un «ejemplo de libro de texto de limpieza étnica».
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