Hace poco más de 10 años entró en vigor este marco civil de la red de redes y representó un avance importante para la regulación del ciberespacio en el gigante sudamericano.
Desde una legislación moderna y ampliamente discutida con diversos sectores de la sociedad, se buscó garantizar, entre otros derechos, la libertad empresarial, la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones de los usuarios de internet y la neutralidad de la red.
Para el régimen de responsabilidad de los proveedores de aplicaciones por el contenido de usuario, se diseñó un mecanismo que aspiraba a un equilibrio de la tutela de la libertad de expresión (fundamento y principio de la disciplina del uso de internet en Brasil) y otros derechos en juego.
De acuerdo con determinada regla, los proveedores de aplicaciones solo podrían ser responsables por el contenido publicado por sus usuarios si dejaran de eliminarlo después de una orden judicial.
Se optó por una prevalencia, en abstracto, de la libertad de expresión, pudiendo ceder en el caso concreto, tras análisis del Poder Judicial, sin perjuicio de la diligencia de las reglas de uso de cada proveedor de aplicaciones.
En los últimos años, este régimen fue objeto de intenso debate por parte de los medios de comunicación, la sociedad civil y los tres poderes, que se preguntan si es suficiente para hacer frente a los desafíos del espacio virtual.
Tales discusiones, inseparables de la expansión de Internet, de la popularidad de las redes sociales y del contexto social y político del país, agitan el debate sobre la libertad de expresión.
Asimismo, atraviesan otros temas como desinformación médica y electoral, el discurso de odio, contenido antidemocrático y la protección de niños y adolescentes en la web.
El juicio resulta importante porque los ministros decidirán sobre la constitucionalidad del artículo 19 del marco civil de Internet, que condiciona la responsabilidad civil de las plataformas por daños a terceros a la necesidad de orden judicial previa.
Dependiendo de la decisión, las plataformas tendrán que controlar los contenidos publicados y retirarlos del aire incluso sin intervención del Poder Judicial.
Estudios revelan que las desigualdades en el ámbito de la inclusión digital reflejan también las disconformidades estructurales de la sociedad.
Las regiones norte y nordeste, población de áreas rurales, personas con baja escolaridad, fuera del mercado de trabajo, mujeres y ciudadanos negros y mestizos son los que tienen los peores indicadores de conectividad significativa, concepto utilizado para definir la calidad en el uso de Internet.
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