“Se ordena a la CEE a verificar, validar y adjudicar los votos adelantados que cumplan con el requisito de identificación, independientemente de si las solicitudes de voto adelantado reflejan una dirección postal distinta a la del Registro General de Electores”, estableció en su sentencia el magistrado del Tribunal de Primera Instancia en San Juan.
Esto, entienden los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y del Partido Popular Democrático (PPD), beneficia al oficialista PNP.
Para el juez Candelario López la parte peticionaria arguyó que tiene libertad para emitir su voto adelantado por correo sin estar condicionado al cotejo sobre su dirección o validación de identidad más allá de la revisión de la copia de la tarjeta de identificación.
La comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, catalogó de “una afrenta directa a la democracia puertorriqueña” la sentencia del juez Candelario López.
“El PNP, desde el año 2020, ha utilizado este esquema para manipular el voto por correo y beneficiar su agenda a expensas de la transparencia y la confianza pública en el sistema electoral”, dijo Angleró al criticar que la resolución judicial da luz verde para que continúen utilizando tácticas que han sembrado dudas sobre la legitimidad del proceso electoral en Puerto Rico.
En la actualidad se realiza el escrutinio general de los comicios celebradas el 5 de noviembre y se estima que el proceso concluya antes del 31 de diciembre, mientras que la gobernadora electa asume el 2 de enero de 2025, al que juran los integrantes de la Asamblea Legislativa.
Angleró reclamó a la CEE una investigación en torno a 41 electores registrados en los precintos 67 y 113 del municipio de Santa Isabel (sur), que solicitaron voto adelantado bajo la modalidad de correo para que las papeletas le llegaran a la misma dirección, la cual no concuerda con su dirección electoral.
Esta situación levanta serias dudas, apuntó, pues es inverosímil que personas con residencias distintas hayan solicitado el envío de sus papeletas a un mismo apartado postal.
“Esta resolución no sólo valida el fraude, sino que lanza manchas al proceso que debe ser transparente; el derecho al voto es el pilar de nuestra democracia, y esta decisión lo debilita al priorizar la desconfianza sembrada por el PNP sobre la dignidad y los derechos de nuestros electores”, afirmó la comisionada electoral alterno del PPD.
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