Esta acción injerencista evidencia que el gobierno estadounidense transita una grave fase de negación ante la inobjetable victoria democrática y popular del presidente Nicolás Maduro, el pasado 28 de julio, indicó el bloque de integración en un comunicado.
Denunció que la agresión multidimensional en contra del pueblo venezolano incluyó más de 950 medidas coercitivas unilaterales extorsivas desde el año 2017, incluyendo las anunciadas la víspera.
Sin embargo, afirmó, “los venezolanos y venezolanas, han resistido cada ataque y demostrado su firme decisión de defender la soberanía e independencia de la nación”.
La Alianza señaló que en el año 2019 el gobierno estadounidense de entonces recorrió un camino errático, intervencionista y al margen del Derecho Internacional, que lo llevó a una sonora derrota de alcance geopolítico.
Subrayó que las agresiones imperialistas permanentes contra Venezuela, siempre han sido y serán revertidas por el pueblo de Simón Bolívar para fortalecer su independencia, dignidad y autodeterminación.
El ALBA-TCP rechazó esta nueva ola de pretendidas sanciones arbitrarias anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
Asimismo exigió el respeto de la soberanía de los pueblos libres de nuestra América y el Caribe y reafirmó toda su solidaridad con el pueblo y el Gobierno bolivariano de Venezuela.
Entre los funcionarios públicos venezolanos sancionados aparecen los ministros Ricardo Menéndez (Planificación); Freddy Ñáñez (Comunicación e Información); Julio José García (Asuntos Penitenciarios); y Aníbal Eduardo Coronado (Despacho de la Presidencia).
Además de América Pérez, vicepresidenta segunda del Parlamento; William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo; y Daniella Cabello, presidenta de Marca País Venezuela.
El listado también incluyó a 10 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuatro oficiales vinculados a los organismos de inteligencia y la Milicia.
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