Tras 99 audiencias, cuando ya se estaba a punto de dictar sentencia, la Sala Primera aceptó la recusación presentada por la defensa de Lucas García contra el Tribunal de Mayor Riesgo A, alegando falta de imparcialidad, en el caso por el exterminio de indígenas.
Tras la resolución de la Sala, el caso será conocido por el Tribunal de Mayor Riesgo B, y quedan en suspenso las audiencias realizadas.
De acuerdo con la abogada de las víctimas, Jovita Tzul, la recusación aceptada carecía de pruebas sólidas y deja desprotegidos a sobrevivientes y testigos que han declarado con valentía sobre los hechos vividos durante el conflicto armado.
«La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo actuó para la impunidad», señalaron por su parte organizaciones de víctimas del genocidio.
La abogada aseguró que «es un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas en este país».
El juicio, que se inició el 4 de abril y que ahora deberá ser trasladado a otro tribunal, estaba en fase de conclusiones y se trata del segundo proceso por genocidio en el país tras la condena al exdictador Efraín Ríos Montt en 2013.
Lucas García es acusado de haber diseñado la estrategia de contrainsurgencia que el Ejército de Guatemala aplicó contra la región maya ixil, en el departamento de Quiché, al norte del país, y de determinar como «enemigo interno» a toda la población indígena de la zona que fue arrasada.
Durante las audiencias, más de 50 testigos y decenas de expertos contaron las acciones del Ejército en comunidades, fincas y plazas del norte de Guatemala.
Estos responsabilizaron a militares de las masacres, violaciones sexuales sistemáticas contra mujeres y niñas, así como la desaparición forzada de decenas de personas.
La Fiscalía de Derechos Humanos señaló que Lucas fue el responsable de cometer una serie de desapariciones forzadas en contra de la población durante el régimen del expresidente y también hermano de este, Romeo Lucas García.
Por tal razón solicitó una pena de dos mil 860 años de prisión por los delitos de desaparición forzada y genocidio, entre otros.
En 2018 fue condenado a 58 años de cárcel por la desaparición forzada de un joven y la violación y tortura de su hermana cuya familia era señalada de «subversiva», en hechos ocurridos en 1981.
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