La fecha coincide en la jornada con el Día de la Independencia de España, que, al decir del secretario general de los Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, llena de orgullo, porque, como ha quedado demostrado, en una democracia participativa es el pueblo quien manda y dicta sus leyes.
El año pasado, bajo la presión de unos dos meses de manifestaciones en todo el istmo y la comunidad panameña en algunos países, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la filial de la trasnacional canadiense First Quantum.
Después de cinco días consecutivos de sesiones, la resolución fue recibida con vítores por los activistas que durante varias jornadas se mantuvieron apostados en la cercanía de esa instancia, que finalmente emitió su veredicto sobre las dos primeras de las 10 querellas interpuestas contra la mentada normativa.
Las protestas rechazaron entonces la Ley 406, que permitía a Minera Panamá operar por un periodo de 20 años, prorrogables por el mismo periodo, la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Pese al establecimiento de una moratoria indefinida para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la minería metálica en Panamá, o Ley 407, firmada por el expresidente Laurentino Cortizo(2019-2024) , las protestas que demandaron la derogación de las concesiones en ese ámbito se mantuvieron.
Los colectivos integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida, ambientalistas y miles de jóvenes de la agrupación Sal de las redes, entre otros, protagonizaron entonces marchas, cierres de avenidas, concentraciones diversas en las que también enfrentaron la represión de unidades antimotines con gases lacrimógenos.
También la organización Panamá Vale Más sin Minería denunció daños ambientales de la compañía en Donoso(Colón) y repudió el leonino contrato que aprobaba que una empresa foránea pueda tener la mina más grande de cobre de toda la región en un país que no es minero y en una área protegida, que se conoce como el Corredor Biológico Mesoamericano, que contiene la biodiversidad más rica de ocho países.
Tras ser anunciada la inconstitucionalidad del contrato, miles de ciudadanos salieron a las calles en Ciudad de Panamá para celebrar la decisión judicial, después de meses de descontento social y movilizaciones masivas en contra de la minería metálica a cielo abierto.
Con gritos de «Solo el pueblo salva al pueblo» y «Panamá ganó», los manifestantes avanzaron sobre la céntrica Calle 50 de la capital, ondeando banderas rojiazules y llevando carteles que rezaban una de las consignas más populares utilizadas en los últimos meses de protesta: «Panamá es verde».
Tras conocer el fallo del Supremo , el Ejecutivo ordenó un plan de cierre ordenado y seguro de la minera, que aún está por ejecutarse.
Mientras First Quantum dijo que estaba comprometida a cumplir con las normas que rigen sus actividades , pero presentó demandas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.
Para lideres sindicales como Méndez, ahora con el gobierno de José Raúl Mulino, avanza un proceso similar en el Legislativo para imponer el proyecto de ley 163, sobre reformas a la Caja de Seguro Social, que buscan privatizarlas y establece medidas paramétricas como elevar la edad de jubilación tres años y las cuota obrero patronales, iniciativa que el pueblo organizado también sabrá derrotar.
mem/ga
