En sesión plenaria, los legisladores nicaragüenses también aprobaron la adición a la Ley 641, Código Penal de Nicaragua.
Según el dictamen, el objetivo principal de estas reformas es reforzar los controles fronterizos y combatir delitos como el crimen organizado y tráfico de migrantes, divulgó el portal web El 19.
Además, combate delitos como trata de personas, explotación laboral, terrorismo, y otros actos que puedan amenazar la soberanía, independencia y la paz de esta nación centroamericana, precisó la fuente.
La diputada Patricia Sánchez, miembro de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, explicó en el plenario que esta reforma moderniza y actualiza el marco jurídico de la Dirección General de Migración y Extranjería para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política.
Sánchez manifestó que las reformas también tienen entre sus objetivos continuar fortaleciendo la soberanía, seguridad y la paz en Nicaragua.
Por su parte, el diputado Filiberto Rodríguez destacó aspectos importantes en la normativa entre ellos, la decisión soberana del Estado de Nicaragua de otorgar, denegar o cancelar el ingreso, permanencia, residencia o nacionalidad adquirida.
Asimismo, mencionó el fortalecimiento los controles fronterizos a nivel nacional y establecer la base jurídica para la transición del uso de pasaportes de lectura mecánica o electrónica.
Otro de los aspectos es permitir a los ciudadanos de otras nacionalidades adquirir más de una subcategoría migratoria y se incorpora la categoría de «visas de negocios» acorde a la promoción de la inversión y convenios bilaterales.
De igual modo, el parlamentario destacó la ampliación del plazo de 72 horas a siete días hábiles para la circular de forma preventiva a los menores de edad, a solicitud de uno de los padres cuando exista riesgo de intención de uno de ellos de sacarlo fuera del país sin el permiso correspondiente.
También hizo referencia a la prevención de la explotación laboral de migrantes, al reducir el plazo para que empleadores informen a las autoridades migratorias la contratación de ciudadanos de otras nacionalidades.
El dictamen favorable a la ley resaltó la incorporación de tasas por servicios migratorios que requieren los ciudadanos nacionales y de otros países no contempladas en la normativa.
Según Rodríguez, se realizaron reformas al Código Penal, para desalentar la evasión de controles migratorios con fines ilícitos.
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