La víspera, los ministros leyeron informes y escucharon representantes, sin embargo, la presentación de las votaciones se retrasó hasta este jueves.
En la práctica, los magistrados discuten si estas aplicaciones pueden ser condenadas al pago de indemnización por daños morales por no haber retirado del ciberespacio publicaciones ofensivas, con discursos de odio, fake news (noticias falsas) o perjudiciales a terceros, incluso, sin una orden previa de la Justicia.
Durante el debate sobre el tema, los jueces manifestaron desazones por la negativa de las redes sociales a retirar de la red de redes perfiles falsos.
Por ejemplo, el letrado Alexandre de Moraes aludió a su experiencia, al decir que las plataformas «dificultan y casi ignoran cuando intentas retirar un perfil falso tuyo».
No tengo Instagram, no tengo Facebook, y tengo como 20 perfiles. «Y tengo que estar corriendo detrás», refirió.
Consideró que resulta irrebatible para la plataforma que el perfil no es suyo, porque solo critica. «Sería algo surrealista», apuntó.
Por lo anterior, el asunto es muy importante para ser discutido «porque no hay buena voluntad de las plataformas en retirar», subrayó.
También, los ministros Gilmar Mendes y Carmen Lucia Antunes afirmaron que pasan por situaciones similares. Los casos implican la aplicación de un fragmento del marco civil de Internet.
La ley, que entró en vigor en 2014, funciona como una especie de Constitución para el uso del escenario virtual en Brasil, pues establece principios, garantías, derechos y deberes para los usuarios y las empresas.
En uno de sus artículos, instituye que las plataformas digitales solo serán responsables por daños causados por contenidos ofensivos si, después de una orden judicial específica, no adoptan medidas para retirar el material de la web.
La cuestión implica cómo las plataformas deben actuar frente a contenidos creados por usuarios que ofenden derechos, incitan al odio o diseminan desinformación.
El Supremo deberá elaborar una tesis, que será aplicada en procesos sobre el mismo tema en las instancias inferiores de la Justicia.
Datos del Consejo Nacional de Justicia revelan que hay al menos 345 expedientes con el mismo contenido esperando un desenlace en la corte superior.
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