Presentado por la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adosan), el estudio indica que la incidencia de robos con violencia es de 5.4 por ciento, y en el 64 por ciento de los casos los delincuentes utilizan armas de fuego.
Refiere, además, que el 25 por ciento de las víctimas no denuncia el hecho porque desconfía en la eficiencia de las autoridades y solo el 30 por ciento lo hace.
Del total de personas que deciden ir a la policía, el 76 por ciento está insatisfecho con la labor de las autoridades, y un 22 por ciento expresa que está complacido con la actuación de los organismos involucrados.
El informe concluyó, además, que cuatro de cada 10 personas se sienten hoy más inseguras en sus hogares que antes de la pandemia de la Covid-19, que paralizó el mundo en el 2020.
Por esa razón, las soluciones más comunes que encuentran los ciudadanos son la instalación de cámaras y alarmas, en tanto contratar vigilantes privados es menos común debido a los altos costos.
Para el presidente de Adosan, Ad Corambre, urge una ley que regule el sector de seguridad para fiscalizar la creciente informalidad, lo que el gremio considera como una competencia desleal.
Sostuvo que muchas empresas incumplen con las pautas establecidas y representan un riesgo para la población, pues no ofrecen el personal capacitado para desempeñar esa labor.
«Hay una superintendencia de seguridad y vigilancia creada mediante decreto hace 20 años y adolece de condiciones para que la entidad pueda realizar sus funciones de manera efectiva», precisó Ad Corambre citado por Diario Libre.
De acuerdo con la investigación, la seguridad privada experimentó un crecimiento promedio anual del 9.2 por ciento en los últimos cinco años, consolidándose como un sector dinámico y de relevancia económica.
Adesinc concluyó que este sector, con unos 62 mil empleados (el 60 por ciento en puestos formales) aportó un 0.32 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado.
Los servicios que ofrecen las empresas de seguridad privadas abarcan desde vigilancia y patrullaje, hasta la instalación de sistemas de alarmas y cámaras de seguridad.
Este amplio portafolio permite que sectores como el financiero, el comercio y la construcción dependan cada vez más de la protección privada para resguardar sus bienes y personal con eficiencia, indicó la institución.
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