Este viernes, durante una audiencia ante la Unidad Judicial de la Familia de Quito, los representantes de la cartera no consiguieron precisar bajo qué disposición adoptaron la penalización contra la vicemandataria.
El abogado de la institución, Ramón Castillo, aseguró que la suspensión contra Abad se hizo basado en la Ley Orgánica del Servicio Público, aunque la jueza Nubia Vera insistió en preguntar en qué normativa consta la suspensión por 150 días.
En respuesta, el jurista indicó que ese tiempo se fijó con base en «la sana crítica».
El 9 de noviembre pasado, Abad fue sancionada por el Ministerio de Trabajo por «abandono injustificado del trabajo», al no haber realizado en el tiempo establecido su traslado a Türkiye desde Israel, donde se desempeñaba como embajadora por orden del presidente, Daniel Noboa.
En la sesión judicial de hoy los abogados de la vicepresidenta, Damián Armijos y Dominique Dávila, cuestionaron la competencia del Ministerio para imponer una sanción a una autoridad de elección popular.
Por ese y otros motivos que mencionaron solicitaron a la jueza Vera aceptar la acción de protección para que Abad recupere su cargo.
Además, la defensa solicitó disculpas públicas a la vicemandataria en un mensaje a la nación, capacitación para la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, sobre teoría del Estado y garantías constitucionales y ordenar a la institución que eviten actos de persecución o intimidación.
Después de siete horas, la magistrada Vera suspendió el proceso por dos semanas y especificó que la diligencia se reinstalará el 9 de diciembre, a las 09:00 (hora local).
En declaraciones a la prensa durante un receso, Abad dijo que acude a la ley y ha sido transparente, mientras otros se esconden tras una mascarilla, en referencia al representante del Ministerio del Trabajo que compareció de forma telemática con ese accesorio.
Apelo a la sabiduría de la justicia, expresó la vicegobernante, quien aseveró que no hay pruebas en su contra para respaldar la sanción.
Por otro lado, la Corte Constitucional tramitará la solicitud de la Asamblea Nacional (Parlamento) de interpretar la penalización a la vicepresidenta de la República y las atribuciones de los ministros.
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