La normativa, que reglamenta un programa especial de adjudicación de tierras para mujeres rurales y campesinas con el objetivo de mejorar su bienestar social y económico, fue también firmado por la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.
En su contenido, el documento reconoce la importancia económica, social, cultural, ambiental y política de las agricultoras de Colombia, además de velar por la garantía de sus derechos.
La regulación establece que el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural brindarán apoyo en la estructuración, promoción y gestión de recursos para las mujeres rurales, ya sea de forma individual, familiar o comunitaria. Además, las beneficiarias podrán acceder a líneas de crédito preferencial para financiar sus actividades, de acuerdo con la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
El decreto también define criterios de priorización para seleccionar a quienes serán merecedoras de los apoyos contemplados en la norma.
Por ejemplo, las mujeres rurales que lideren empresas comunales, cooperativas agrarias u otras formas asociativas podrán optar por las facilidades dispuestas, y también aquellas que cuenten con experiencia en actividades agropecuarias individuales o asociativas, como arrendatarias, aparceras o jornaleras.
En ese grupo entran asimismo las mujeres vinculadas a programas de reconversión o sustitución de cultivos ilícitos; jóvenes de entre 16 y 28 años; campesinas víctimas del conflicto armado y lideresas sociales; así como agricultoras excombatientes, firmantes de acuerdos de paz o participantes en mecanismos de justicia transicional.
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