En el último mes del año, apenas 20 días restan- si se excluyen dos jornadas festivas y la de duelo nacional el 20 de diciembre por la invasión de Estados Unidos en 1989- antes de concluir las consultas ciudadanas y los tres debates sobre el proyecto 163 que contempla reformas a la estatal Caja de Seguro Social (CSS).
De más de 600 personas y organizaciones inscritas para emitir sus criterios en el Legislativo, apenas 180 han intervenido ante la comisión de Salud y Trabajo, en su mayoría para proponer al Gobierno que retire la iniciativa, a lo que se opone el presidente de la República, José Raúl Mulino.
Según el diputado Miguel Campos, con un estimado de 300 participantes pendientes por exponer, se espera que este periodo de consultas culmine en una semana y media.
Durante las más recientes intervenciones, el dirigente de los pueblos originarios, Toribio García, abogó por impulsar la educación y capacitación, como un paso esencial para empoderar a las comunidades.
Sostuvo además que actualmente la informalidad laboral en áreas rurales e indígenas impide que miles de trabajadores contribuyan al sistema de pensiones, debilitando su sostenibilidad, por lo que también propuso la ejecución de programas de microfinanzas y asistencia técnica para los pequeños productores y la promoción de cooperativas que fortalezcan las cadenas de valor en la región.
A su turno, el jurista Juan Castulovich propuso declarar imprescriptible la evasión del pago de cuotas para que aquellos empresarios que se hayan apropiado de los aportes de los trabajadores paguen por ello.
En tanto, Milciades Vega, de la Organización Nacional de Pensionados y Jubilados Activos de la CSS, se refirió a lo planteado en el proyecto que apunta a un incremento del tres por ciento de aporte por parte del sector empresarial, señalando que al final ese aporte lo pagará el pueblo.
Advirtió que el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo no puede ser aprobado por la Asamblea y afirmó que irán a las calles para que no pase.
Por su parte, Carlos González, de Convergencia Sindical, negó que en las mesas de escucha creadas para la presentación de propuestas haya habido consenso en la elaboración de este proyecto .
Manifestó que una de las propuestas del sector obrero es que la junta directiva designe al director de la CSS y que no sea el presidente de la República.
La víspera, en los actos centrales por el Día de la Independencia de Panamá de la colonia española, en la ciudad de Boquete (Chiriquí), el jefe de Estado reiteró que no retirará el proyecto de ley presentado ante el Legislativo.
Mulino indicó que las reformas a la CSS no representan un proyecto más, sino la vía para salvar y rescatar una institución en crisis y muy cara para todos los asegurados.
“Esta ley que hemos propuesto con los cambios en su paso por la Asamblea yo confío que se aprobará muy pronto, poniendo al paciente primero, el móvil de esta reforma”, remarcó.
Mientras, organizaciones como la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), exigen, más allá de modificaciones al documento, que se elabore uno nuevo con la participación real e inclusiva de los obreros, sus principales contribuyentes, y que responda a sus intereses.
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