En los actos protocolares por la efemérides en la ciudad de Boquete, occidental provincia de Chiriquí, el propio presidente de la República, José Raúl Mulino, señaló que esperaba antes que concluya el año se aprobara un proyecto de ley que impulsa el Gobierno sobre reformas a la estatal Caja de seguro Social (CSS).
Mulino indicó que la iniciativa no representa un proyecto más, sino la vía para salvar y rescatar una institución que es muy cara para todos los asegurados; y reiteró que no retiraría ese texto de la comisión de Salud y Trabajo donde trascurren los primeros debates.
“Esta ley que hemos propuesto con los cambios en su paso por la Asamblea yo confío que se aprobará muy pronto, poniendo al paciente primero y es el móvil de esta reforma”, remarcó-.
Para el diputado Alain Cedeño, titular de la comisión, el mandatario dice el tiempo que quisiera que tomara el proceso, pero todos comprenden que en un sistema democrático la Asamblea es totalmente independiente.
Destacó que hasta el momento la participación ciudadana en la Asamblea Nacional ha sido efectiva y señaló que las giras por provincias previstas a iniciarse el venidero 11 de diciembre, sigue en evaluación.
Sobre este tema, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) , Marco Andrade, declaró que Panamá necesita un nuevo proyecto de ley sobre seguridad social, contrario al presentado por el Ejecutivo.
Andrade alertó que como en otras ocasiones, quieren imponer las propuestas del empresariado privado que defiende las cuentas individuales, fórmula que ha siso catalogada como un fracaso por estudios recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y recomiendan volver al sistema solidario en el pago de pensiones.
La Conusi y la alianza lo que exigen no son modificaciones parciales o de capítulos al llamado proyecto 163 que prevé reformas de maquillaje a la Ley 51 sobre la CSS, según explicó, sino que se elabore un nuevo documento con la participación real e inclusiva de los trabajadores, sus principales contribuyentes, y que responda a sus intereses.
También Milciades Vega, de la Organización Nacional de Pensionados y Jubilados Activos de la CSS, se refirió a lo planteado en el proyecto que apunta a un incremento del tres por ciento de aporte por parte del sector empresarial, señalando que al final ese aporte lo pagará el pueblo.
Advirtió que el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo no puede ser aprobado por la Asamblea y afirmó que irán a las calles para que no pase.
También en la semana, diversos mensajes en las redes sociales recordaron el primer aniversario de las protestas populares que derrotaron un contrato suscrito entre el Gobierno y la empresa Minera Panamá, lesivo a su soberanía.
La fecha coincidió con las actividades por el Día de la Independencia de España, que, al decir del secretario general de los Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, llena de orgullo, porque en una democracia participativa es el pueblo quien manda y dicta sus leyes.
En noviembre de 2023, bajo la presión de manifestaciones en todo el istmo y la comunidad panameña en algunos países, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y la filial de la trasnacional canadiense First Quantum, considerada una victoria del pueblo organizado en rechazo a la minería metálica a cielo abierto.
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