Según dijo el presidente, Denis Sassou-N’guesso, durante el discurso sobre el estado de la nación pronunciado ante el Congreso el pasado 28 de noviembre, el censo biométrico de los estudiantes matriculados en las universidades públicas de Brazzaville reveló que el Estado desembolsa más de lo que debería.
Las cifras son considerables, pues actualmente se invierten en ese programa unos nueve mil millones de francos CFA al año (aproximadamente 14 millones 500 mil dólares), pero el citado conteo arrojó que sólo se deberían pagar tres mil millones de francos CFA (alrededor de cuatro millones 800 mil dólares).
A esto se suma que investigaciones realizadas en algunos establecimientos presupuestados por el Estado, revelaron discrepancias considerables entre los recursos financieros solicitados y el costo real de los gastos a cubrir.
El mandatario también señaló que “los controles organizados en el sector público permiten a menudo descubrir numerosos falsificadores y otros agentes ficticios”.
Frente a estos problemas, el jefe de Estado mencionó como un reto para 2025 la mejora de la gobernanza pública bajo los principios de transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, seguimiento y evaluación.
Anunció que a partir del 1 de enero próximo los pagos en beneficio del Estado y sus entidades públicas deberán realizarse por medios seguros, garantizando su trazabilidad y su centralización a nivel del Tesoro.
La vandalización de bienes públicos resultó también otro de los agujeros en los bolsillos estatales, acerca de lo cual Sassou-N’guesso señaló que a menos de cinco años de su lanzamiento, más de dos mil 300 pozos de agua, casi el 80 por ciento de los construidos, están inutilizados por esta situación.
“El robo de paneles solares, tanques de agua, bombas eléctricas y la destrucción de estructuras metálicas se impusieron a este proyecto que fue muy bien recibido. Las dos mil 300 perforaciones destruidas corresponden a un coste de 91 mil millones de francos CFA (cerca de 147 millones de dólares) perdidos”, apuntó.
Mientras eso ocurría bajo las narices de las autoridades locales sin actuar, en octubre pasado el primer ministro, Anatole Collinet Makosso, anunció la suspensión de las misiones de los miembros del Gobierno en el extranjero, para reducir los gastos.
Solo el presidente pudo efectuar viajes y participar en eventos internacionales.
A pesar de esta y otras medidas, numerosos funcionarios públicos han ido a la huelga varias veces en el año debido a la falta de salarios.
También ha habido dificultades en los pagos a los jubilados y los estudiantes con becas en el exterior, debido a “las limitaciones derivadas de la falta de márgenes presupuestarios”, según dijo el propio presidente.
Sellar los huecos y levantar la economía parecen ser tareas prioritarias para el Gobierno del Congo en el año que se acerca.
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