Dentro de esos ilícitos figuran la malversación de caudales, el fraude al fisco y el delito de cohecho.
Durante el debate, los legisladores coincidieron en la urgencia de abordar este tema, ante la crisis de confianza que existe en la ciudadanía.
La iniciativa impide que cualquier persona condenada pueda postularse a la presidencia, al congreso, las gobernaciones regionales o alcaldías.
Tampoco los sancionados podrán ejercer como ministros, subsecretarios, jefes de servicio, contralor o comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entre otros puestos.
El proyecto pasó al Senado para su debate y votación y, de ser aprobado, deberá ser promulgado por el presidente Gabriel Boric.
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