El magistrado Jorge Chávez aceptó el pedido de la Fiscalía de revocar el mandato de comparecencia con restricciones, una modalidad de libertad condicional, y que se le imponga la prisión preventiva.
La medida está referida a los cargos de colusión agravada, asociación ilícita y cohecho en agravio del estado, que habría cometido Cerrón cuando era gobernador de la región centroandina de Junín.
Según la Fiscalía, el político y neurocirujano habría incurrido en esos delitos al contratar la construcción de un puente por el que la gobernación pagó 26 millones de soles (seis millones 933 mil dólares) a la empresa estatal Servicio Industrial de la Marina (SIMA).
El SIMA subcontrató la obra y la encargó a la empresa privada Antálsis, la cual, según la acusación, habría entregado dos camionetas a Cerrón para ser favorecida con el contrato.
La defensa alega que la gobernación de Junín no contrató a Antálsis, sino al SIMA, por lo que el exgobernador no es responsable en el tema.
Cerrón se encuentra clandestino desde desde octubre de 2023, cuando un tribunal lo condenó a tres años y seis meses de prisión preventiva por el delito de colusión presuntamente cometido en un contrato de construcción de un aeropuerto en Junín.
Cerrón argumentó desde la clandestinidad que es objeto de persecución y del uso de la justicia con fines políticos y que el contrato del aeropuerto no se hizo efectivo y la gobernación no pagó ni un centavo por la obra.
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