“Estamos atravesando momentos complicados por diversos factores que afectan los precios de productos básicos como el arroz, cebolla, aceite y carne; pero es importante dejar en claro que no hay escasez, sino especulación”, reiteró el vicetitular.
Al respecto, afirmó que el precio justo del arroz debería llegar hasta 260 bolivianos (37 dólares) el quintal, sin embargo, actualmente se comercializa a más de 450 bolivianos (64 dólares) por prácticas especulativas.
Destacó que mientras la Empresa estatal de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) vende el arroz a 50,50 bolivianos (poco más de siete dólares) la arroba, en el mercado se encuentra hasta a 180 bolivianos (casi 26 dólares).
Al respecto, elogió la inclusión de disposiciones en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permitirán a las autoridades nacionales, departamentales y municipales intensificar los controles para combatir el agio y la especulación en productos esenciales de la canasta familiar.
El proyecto de normativa faculta a las autoridades para decomisar productos cuando se compruebe que son objeto de agio o especulación, para ponerlos en el mercado a precios justos.
Resaltó que resulta «(…) contradictorio que algunos sectores de oposición critiquen estas acciones, cuando los mismos gremialistas han salido a marchar exigiendo medidas contra la especulación”.
Aclaró el viceministro que los productores no son responsables del aumento de precios, sino los mayoristas e intermediarios que monopolizan el mercado.
En relación con el aceite, Silva indicó que, a pesar de perjuicios climáticos como incendios y sequías, Emapa ofrece el producto a precios estables de 11 bolivianos (1,57 dólares) por 900 mililitros.
Sin embargo, criticó, que en los mercados locales, el precio ha subido hasta a 16 bolivianos (más de dos dólares) debido a prácticas especulativas.
Concluyó el viceministro que el PGE 2025 permitirá fiscalizar, decomisar productos y apoyar al sector empresarial en la importación para garantizar abastecimiento y estabilidad de precios.
Este lunes, en representación del sector privado, La Cámara Nacional de Industrias y la Cámara Agropecuaria del Oriente rechazaron la disposición transitoria del PGE 2025, que permitiría la «confiscación y/o decomiso de productos» a empresas y manifestaron su «más profunda preocupación y alarma», y la calificaron de arbitraria, represiva y extorsiva.
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