El dictamen, avalado con la mayoría calificada de 410 votos a favor y 24 en contra, adiciona disposiciones a los artículos cuarto y quinto de la carta magna y determina que, para garantizar el derecho de protección a la salud, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos.
Lo mismo ocurrirá con vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la legislación, y la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
Además, precisa que queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad vinculada con dichas sustancias.
De acuerdo con un comunicado de la cámara baja, el Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, deberá armonizar el marco jurídico de las normativas en las materias con el contenido del mismo.
Mientras, las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones previstas, dentro de los 365 días naturales siguientes a la publicación del ordenamiento.
Para el diputado del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Roberto Ramos, quienes han tenido contacto en hospitales con pacientes de fibrosis pulmonar y otros males respiratorios, saben que la génesis de estos padecimientos son las sustancias tóxicas que la enmienda prohíbe.
El legislador Gerardo Ulloa (Morena), mencionó datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, según los cuales en México al menos un millón de adolescentes y 15 millones de adultos son usuarios regulares de tabaco, cuya salud sufre graves afectaciones.
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